CS Mataró presenta una propuesta de resolución para obligar al Ayuntamiento a cumplir con la nueva ley contra las ocupaciones e inicie la expulsión de los ocupas del municipio

La alcaldable de Ciutadans (CS) en Mataró, Cristina Sancho, ha anunciado la presentación de una propuesta de resolución para obligar al Ayuntamiento de la ciudad a desahuciar a los ocupas instalados en viviendas de la ciudad. “El gobierno municipal ya no tiene ninguna excusa después que el Parlament haya aprobado una ley contra las ocupaciones que generan problemas de convivencia en las comunidades de vecinos y, por lo tanto, exigimos que el primer día que entre en vigor inicien los trámites para desocupar las viviendas del municipio que tantos problemas está generando y trae tantos quebraderos de cabeza a los vecinos”, ha manifestado Sancho. Para la concejal liberal, la propuesta es necesaria “porque conocemos el talante del gobierno municipal, que es no hacer nada y esperar que los problemas se resuelvan solos”.

Sancho ha indicado que con la propuesta pretende que el gobierno adquiera el compromiso para iniciar los desahucios de los ocupas conflictivos. “Hay margen para actuar de inmediato porque la ley lo que reclama es que se aporten actas policiales, quejas y denuncias de los vecinos del bloque con ocupas y de esto vamos sobrados en Mataró”, ha indicado la edil. Además, también ha instado a los vecinos a exigir al Ayuntamiento que actúe en los casos de ocupaciones en sus edificios.

La ley aprobada en el Parlament pone especial énfasis en los grandes tenedores, especialmente los bloques de viviendas propiedad de entidades bancarias. “Esta ley no es una panacea, podría ser mucho mejor, pero no queremos perder ninguna oportunidad para empezar a rebajar el volumen de ocupaciones en Mataró”, ha insistido Sancho. La portavoz de los liberales, reclama “voluntad y agilidad” en el combate contra este fenómeno porque “hemos visto como a menudo algunos aprovechan la ocupación de viviendas para actividades delictivas ligadas al tráfico de drogas, el fraude en el suministro eléctrico y la consiguiente problemática de convivencia y civismo con el resto de vecinos, y esto se tiene que acabar”.